La especial vulnerabilidad del Patrimonio Arqueológico requiere, además, el concurso de varias administraciones públicas a todas las escalas competenciales para que tenga éxito: la coordinación interinstitucional, la cooperación con las administraciones locales y la relación franca y abierta con los centros de investigación, pueden ser, en este contexto, las prioridades de la administración cultural en los próximos años. Por otra parte, no existe aún la conciencia social de que el Patrimonio Arqueológico es un recurso de la ciudadanía, y la mejor forma de comunicar esa idea es transmitiendo el compromiso de los poderes públicos en su conservación para el uso y disfrute del conjunto de la sociedad.